En el marco de la audiencia de observaciones de víctimas del Bloque Noroccidental de las extintas Farc-EP, realizada dentro del Macrocaso 10 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio Público instó a la magistratura a profundizar en la investigación de métodos ilícitos de guerra utilizados durante el conflicto armado.
Durante su intervención, el representante del Ministerio Público señaló la importancia de que la Sala examine con detenimiento prácticas que habrían implicado el uso indebido de la población civil en el desarrollo de acciones armadas, como casos en los que integrantes de esa estructura guerrillera se hicieron pasar por población civil para atacar a soldados y policías. Este tipo de conductas, advirtió, no solo vulnera las reglas del Derecho Internacional Humanitario, sino que también expone a las comunidades a graves riesgos y rompe la distinción entre combatientes y civiles, uno de los principios fundamentales de la guerra.
La solicitud se realizó en el escenario de participación de víctimas dentro del proceso judicial que adelanta la JEP, en el cual las víctimas tienen la posibilidad de presentar observaciones a las versiones rendidas por antiguos integrantes de las Farc-EP, con el propósito de contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre los hechos ocurridos durante el conflicto.
Para miembros de la Fuerza Pública víctimas y sus familias, estos espacios resultan fundamentales, pues permiten visibilizar prácticas y dinámicas del conflicto que también generaron afectaciones directas a militares, policías y a la población civil, y que hacen parte del derecho a la verdad.
Desde MilVíctimas, organización que representa a miembros de la Fuerza Pública y sus familias en el proceso ante la JEP, se resalta la importancia de que las investigaciones aborden de manera integral todos los hechos y métodos utilizados en el conflicto armado, de modo que la verdad judicial refleje la complejidad de lo ocurrido.
El avance de estas audiencias y de las observaciones presentadas por las víctimas contribuye al esclarecimiento de patrones de violencia y al reconocimiento de quienes resultaron afectados, elementos esenciales para la construcción de memoria, verdad y justicia en el país.
