Cada 30 de agosto, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En Colombia, esta fecha recuerda una herida que continúa abierta: cerca de 137.000 personas permanecen desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado, según los reportes más recientes de la Unidad de Búsqueda. Detrás de cada ausencia existe una familia que sigue esperando respuestas.
La actualización detallada de la UBPD, con corte a marzo de 2026, registró 136.010 personas dadas por desaparecidas, 51.716 familiares o allegados que han acudido como personas buscadoras, 36.731 solicitudes de búsqueda y 14.055 lugares de interés forense. Estas cifras no representan expedientes cerrados: son vidas, historias y duelos que permanecen suspendidos.
El Registro Único de Víctimas, por su parte, reportó 208.438 víctimas asociadas con la desaparición forzada, con corte al 28 de febrero de 2026. Este universo incluye tanto a las personas desaparecidas como a sus familiares reconocidos como víctimas indirectas. Las cifras del RUV y de la UBPD no son equivalentes, pues responden a funciones y metodologías distintas: una registra la dimensión de la victimización y la otra orienta la búsqueda humanitaria.
Dentro de este panorama existe una realidad todavía insuficientemente visible. El Ministerio de Defensa entregó a la JEP un listado de 546 miembros de la Fuerza Pública desaparecidos durante el conflicto armado: 384 del Ejército Nacional, 139 de la Policía Nacional, 13 de la Fuerza Aérea y 10 de la Armada Nacional.
Muchos desaparecieron cuando se encontraban de permiso, viajaban por carretera, visitaban a sus familias o fueron interceptados en retenes ilegales. Otros casos pudieron quedar ocultos durante años detrás de reportes de deserción o ausencia administrativa. El uniforme no elimina la condición de víctima ni reduce la obligación del Estado y de la sociedad de establecer qué ocurrió.
También son víctimas los militares y policías que buscan a un padre, una madre, un hijo, un hermano o una pareja desaparecida. Sin embargo, el RUV no ofrece una desagregación pública que permita establecer cuántas víctimas indirectas pertenecen o pertenecieron a la Fuerza Pública. Esta ausencia de información alimenta el subregistro y dificulta la formulación de medidas de acompañamiento que respondan a sus necesidades.
Un estudio divulgado en 2021 por el Comando Conjunto Estratégico de Transición mostró la magnitud de esas barreras: solamente el 4,7 % de los militares encuestados afirmó haber recibido apoyo institucional para buscar a sus familiares desaparecidos, mientras apenas el 1,5 % consideró plenamente garantizados sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
En esta fecha, milvictimas recuerda que reconocer a los miembros de la Fuerza Pública desaparecidos y a sus familias no enfrenta unas memorias con otras: permite construir una verdad más completa sobre el conflicto colombiano. Ellos también son víctimas. No los olvidamos y los seguiremos buscando.
