Por: Dra. Guiovanna Ortega Ávalos
Directora de la Corporación MilVictimas del Conflicto Armado
En un país que ha sufrido las heridas profundas de la guerra, la justicia transicional no puede darse el lujo de mirar hacia otro lado cuando se trata de reconocer a todas las víctimas. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una dolorosa paradoja: mientras se busca construir una paz duradera, se excluye sistemáticamente a quienes han dado su vida y su integridad física por defenderla.
Desde la Corporación Militares Víctimas del Conflicto Armado, hemos alzado nuestra voz con firmeza frente a lo que consideramos una injusticia institucional: la negativa constante de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a acreditar como víctimas a militares, policías y sus familias, pese a haber sido blanco de métodos ilícitos de guerra como minas antipersona, artefactos explosivos improvisados y otras armas prohibidas por el derecho internacional humanitario.
El macrocaso 10, abierto precisamente para investigar estos crímenes cometidos por actores armados ilegales, debería ser una puerta de acceso a la verdad, la justicia y la reparación. Pero lo que hemos encontrado es lo contrario: argumentos jurídicamente cuestionables que pretenden justificar los ataques bajo la premisa de que ser miembro de la fuerza pública convierte a una persona en un “objetivo militar legítimo”.
¿Desde cuándo la legitimidad de un conflicto da derecho al uso de armas inhumanas y métodos prohibidos? ¿Qué clase de mensaje se envía a la sociedad cuando se minimiza el sufrimiento de quienes protegieron al Estado, incluso a costa de sus vidas?
Entre 1990 y 2025, más de 12.500 personas han sido víctimas de minas y municiones sin explotar en Colombia. El 59% de ellas pertenecían a la Fuerza Pública. En lo corrido del 2024, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha reportado 719 víctimas más por artefactos explosivos. No se trata de números: son seres humanos con nombres, familias y derechos.
Y hay más. La negativa de la JEP a reconocer como víctima colectiva a la Universidad Militar Nueva Granada tras el atentado con carro bomba en 2006 —durante un evento sobre derechos humanos— es una afrenta al principio de centralidad de las víctimas. ¿Qué dice eso sobre nuestro compromiso con la memoria, la reparación y la reconciliación?
Desde nuestra Corporación, hemos presentado 416 solicitudes de acreditación de víctimas militares y policías por ataques con MAP y AE. Nos han rechazado 60. Hemos interpuesto recursos para que el Tribunal de Paz entienda la lógica y la realidad de lo que está ocurriendo. Si la justicia interna se sigue cerrando, tendremos que acudir a la justicia internacional. Por eso estamos preparando un informe que será entregado a la Cruz Roja y a la ONU, denunciando esta exclusión.
Porque si la paz no reconoce a todas las víctimas, ¿entonces de qué paz estamos hablando?
Hoy, hago un llamado urgente a los concejales, a las autoridades, a la sociedad civil y a todas las instituciones del Estado: revisemos este tema con lupa. Excluir a los soldados y policías del proceso de justicia transicional no solo perpetúa el dolor, sino que pone en riesgo la legitimidad misma de los acuerdos de paz.
La justicia debe ser incluyente. La memoria, imparcial. Y la reparación, universal.
