En relación con las manifestaciones recientes del Secretariado de las FARC sobre la Jurisdicción Especial para la Paz y el proceso transicional, la Corporación MilVíctimas expresa lo siguiente:
- La Corporación MILVICTIMAS como una organización que representa los intereses de las víctimas de crímenes perpetrados por las FARC acreditadas ante la JEP, expresa su profunda preocupación ante la reciente carta enviada por el Secretariado de esta organización donde los comparecientes actuales han cuestionado las sanciones en el sistema transicional, controvirtiendo la clara disposición de la ley estatutaria que orienta la hoja de ruta que debe seguir la JEP con respecto de los responsables de graves y atroces crímenes.
- Este panorama plantea inquietudes fundamentales, pues no solo vulneraria la seguridad jurídica de las víctimas, sino también; ocasionaría demoras perjudiciales en las normales dinámicas procesales acordes con la temporalidad de este alto Tribunal. Lo anterior, pone en riesgo el derecho a la verdad, a la justicia, la reparación y la no repetición en favor de aquellos que sufrieron los impactos derivados de graves crímenes perpetrados por el entonces grupo armado al margen de la ley.
- Como defensores de los derechos de las víctimas, reiteramos la importancia de respetar los acuerdos establecidos y garantizar que los comparecientes cumplan con la verdad y la justicia, de acuerdo con los parámetros de la JEP. La eficiencia en la aplicación de la justicia transicional es esencial para abordar los daños cometidos y proporcionar respuestas adecuadas a las víctimas.
- No podemos pasar por alto que esta situación puede tener un impacto directo en las víctimas, potencialmente re victimizándolas. No se puede instrumentalizar el sufrimiento de quienes ya han atravesado experiencias traumáticas y guardan en este modelo de justicia una esperanza para ser reparados en los daños e impactos recibidos.
- Por último, instamos a las autoridades competentes y a los organismos internacionales de verificación, a abordar esta situación de manera urgente, asegurando que se mantenga la seguridad jurídica y se respeten los principios fundamentales establecidos por la ley. La transparencia y la coherencia en el proceso son cruciales para preservar la confianza en el sistema de justicia y para avanzar efectivamente en los procesos de reconciliación y reparación.
