El ataque fue planeado por las FARC como parte de su estrategia de guerra urbana. Contaron con información proporcionada por Marilú Ramírez Vaquero, una infiltrada que, bajo la apariencia de estudiante, recabó detalles clave que facilitaron la ejecución del atentado. Este acto violento no solo causó heridas físicas y psicológicas a las víctimas directas, sino que dejó una profunda marca en la memoria colectiva de la comunidad académica y del país.
Un caso ante la justicia transicional
En el marco del proceso de paz y de los acuerdos con las FARC, este caso fue presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo creado para investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado. Sin embargo, los crímenes de guerra y las graves violaciones de los derechos humanos, como este atentado, no son susceptibles de amnistía ni indulto.
Este acto se considera una violación directa al Derecho Internacional Humanitario (DIH), ya que afectó deliberadamente a civiles en un espacio destinado a la educación y el desarrollo. Las víctimas y sus familias continúan buscando justicia y reparación integral para sanar las heridas y garantizar que hechos similares no se repitan.
Mantener viva la memoria
El atentado a la Universidad Militar Nueva Granada es un recordatorio de las graves consecuencias del conflicto armado en Colombia. Reconocer y reflexionar sobre estos eventos es esencial para avanzar hacia la reconciliación, la justicia y la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos.
