La utilización de métodos y medios de guerra prohibidos por el DIH, continúa siendo una practica sistemática empleada por grupos armados organizados, que vulnera los Derechos Humanos y afecta de manera indiscriminada y desproporcionada a civiles y personas militares en Colombia.
La Corporación MilVíctimas, ha podido recopilar de acuerdo a información oficial de las Fuerzas Militares, que en lo que va del 2021, 109 personas militares han sido víctimas de artefactos explosivos improvisados, siendo 13 de ellas asesinadas, en medio de operaciones de control, erradicación de cultivos y consolidación de la seguridad en el país.
Norte de Santander, el territorio de mayor violaciones al DIH
La región del Catatumbo al nororiente de Colombia, es la zona mayormente afectada por el empleo métodos y medios de guerra ilícitos por parte de los grupos armados organizados. Tan solo en lo corrido del año, 74 personas militares han resultado afectadas con el uso de los artefactos explosivos improvisados, siendo el área rural de Cúcuta el lugar que mayor riesgo representa para los uniformados con 46 victimas durante el 2021.
Asimismo, las operaciones militares en la zona han logrado desactivar en lo corrido de este año 212 artefactos explosivos improvisados, entre minas y medios de lanzamiento, medios prohibidos por el DIH y que habrían podido causar muchas victimas mas en la región.
Los mayores responsables de estos hechos, son el ELN con su Frente de Guerra Urbano, el Frente Juan Fernando Porras y el Frente Camilo Torres. Las disidencias de las FARC también han continuado con esta práctica ilícita, especialmente el frente 33 que delinque en la región.
Lo que se puede observar, es que la mayor parte de los hechos que implican el uso de métodos y medios prohibidos por el DIH, han afectado a personas militares inmersas en labores de erradicación de cultivos ilícitos, así como también, a uniformados que en medio de acciones de control y en estado de indefensión, han sido atacados a través de armas trampas, medios de lanzamiento y minas antipersona, métodos prohibidos por el DIH, que a todas luces vulneran los derechos humanos de las personas militares.
Artefactos explosivos improvisados usados de manera indiscriminada
El uso de métodos y medios ilícitos de guerra, tiene como característica el empleo de armas que no distinguen, o cuyos efectos son indiscriminados. Uno de los hechos representativos en Norte de Santander, tiene que ver con el uso de un carro bomba, que no podía asegurar que estuviera dirigido a un objetivo militar concreto, y que pudo afectar a personas no militares, y bienes civiles.
Dentro de las víctimas que dejo el atentado perpetrado por el ELN en las instalaciones de la Brigada 30 en Cúcuta, el pasado mes de junio, casos como el de una Sargento que se encontraba en su oficina en estado de indefensión y resultó herida, con perforación en sus pulmones, fracturas y confusión, pone en evidencia la crudeza de las acciones de los grupos armados que emplean métodos y medios prohibidos por el DIH, inclusive en contra de un objetivo militar concreto, por la imposibilidad de determinar sus efectos y por el dolor y sufrimiento incensario que provocan.
Un flagelo que demanda acciones urgentes
Al día de hoy continúan aumentando las cifras de victimas en civiles, personas militares y policías, lo que demanda de manera urgente, el fortalecimiento de las medidas y acciones de tipo judicial, político y administrativo, que puedan abordar y erradicar este flagelo de manera definitiva.
La sociedad, el Estado y lo mecanismos que componen el Sistema Integral, deben unirse en torno al rechazo contundente al uso de métodos y medios de guerra ilícitos. Las personas militares víctimas del uso de artefactos explosivos en su mayoría no solo deben afrontar las secuelas físicas y psicológicas de los hechos, sino además enfrentar su no reconocimiento como victimas ante la Ley.
La Corporación MILVICTIMAS insiste en el llamado por el reconocimiento de las personas militares como víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos; su dignificación es un paso pendiente en el camino de la paz, la reconciliación, reparación integral, y no repetición, para la construcción de tejido social en Colombia.
