En el marco de la Audiencia de Observaciones de Víctimas a las versiones voluntarias del antiguo Bloque Oriental de las FARC, dentro del Macrocaso 10, la Universidad Militar Nueva Granada, con el acompañamiento jurídico de la Corporación Milvíctimas, intervino ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para exigir verdad, reconocimiento y responsabilidad por el atentado con carro bomba perpetrado contra la institución el 19 de octubre de 2006.
El profesor Jean Carlo Mejía Azuero, en representación de la Universidad, recordó que el ataque ocurrió mientras se desarrollaba un evento académico sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, dejando 18 civiles y 14 militares heridos, y afectando gravemente a la comunidad universitaria. Señaló que el hecho fue ejecutado por la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN) en el marco de la guerra urbana de las FARC, y exigió a los comparecientes el reconocimiento pleno de que se trató de un ataque indiscriminado contra población y bienes civiles, es decir, un crimen de guerra.
Durante su intervención, planteó una serie de demandas de verdad dirigidas a los exmiembros del Secretariado de las FARC, cuestionando la planeación, ejecución y justificación del atentado y solicitando explicaciones sobre:
- Las órdenes y directrices internas del Bloque Oriental y la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN) en la guerra urbana.
- Los criterios de selección de objetivos que llevaron a atacar una universidad pública y un bien civil protegido.
- Si se evaluaron los riesgos a la población civil y si se conocía la presencia, en el momento del ataque, de representantes de la ONU en el Aula Máxima de la Universidad.
- La infiltración de Marilú Ramírez Baquero, quien desde la Facultad de Derecho habría suministrado información de inteligencia para la planeación del ataque.
“La Universidad Militar fue la única institución pública de educación superior atacada en 60 años de conflicto. Pedimos el reconocimiento pleno de que este atentado constituyó un ataque indiscriminado contra civiles y bienes protegidos, y que los comparecientes del Bloque Oriental asuman una aceptación total y sin ambigüedades de su responsabilidad”, afirmó Mejía Azuero.
Por su parte, el abogado Elvis Lopez, representante de la Universidad y director jurídico de la Corporación Milvíctimas, reiteró que la Universidad Militar Nueva Granada nunca fue un objetivo militar legítimo, pues se trata de un establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional.
Explicó que el uso de una camioneta bomba en un entorno civil y académico violó de manera flagrante los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario, afectando no solo la infraestructura universitaria, sino también la integridad física y psicológica de su comunidad educativa.
“El hecho de que no se hubieran producido muertes no lo hace menos grave. El ataque fue previsible, desproporcionado y dirigido contra civiles en un bien protegido. Por su naturaleza, constituye un crimen de guerra que debe ser reconocido como tal”, enfatizó el doctor Elvis López.
Con esta intervención, la Corporación Milvíctimas en representación de la Universidad Militar Nueva Granada, reafirmó su compromiso con la verdad, la memoria y la reparación de las víctimas, así como con la exigencia de que los comparecientes del antiguo Bloque Oriental reconozcan plenamente su responsabilidad en los ataques indiscriminados cometidos durante el conflicto armado.
