Gracias al recurso de apelación presentado por la Corporación MilVíctimas, la Procuraduría ha solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que acredite como intervinientes especiales a 14 militares y policías que fueron rechazados en el macrocaso 10.
La JEP argumentó inicialmente que, al ser miembros de las Fuerzas Armadas, no cumplían los requisitos para ser considerados víctimas. Sin embargo, el Ministerio Público enfatizó que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) protege a todos los combatientes contra ataques prohibidos, como el uso de minas antipersonal, y que su reconocimiento es fundamental para garantizar justicia y reparación.
Este avance refuerza la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que establece que los miembros de la Fuerza Pública también pueden ser víctimas del conflicto armado.
La gestión de MilVíctimas ha sido clave para ampliar el acceso a derechos de estos uniformados, garantizando que sean reconocidos como víctimas de graves violaciones al DIH y puedan participar activamente en los procesos de justicia transicional.
