La Corporación Milvíctimas participa en el acto protocolario de entrega del Informe de Recomendaciones al Gobierno Nacional para avanzar en la garantía de derechos de las víctimas de Fuerza Pública por causa del conflicto armado, que se realizará en la Alcaldía Mayor de Bogotá.
El documento recoge un proceso de diálogo y construcción colectiva liderado por la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, junto con organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de víctimas que representan a miembros de la Fuerza Pública afectados por el conflicto armado y a sus familias. Entre estas organizaciones se encuentra la Corporación MilVictimas, como actor que ha venido acompañando escenarios de reconocimiento, orientación y defensa de los derechos de esta población.
El informe parte de una realidad que durante años ha sido poco visible: los miembros de la Fuerza Pública también han sufrido hechos victimizantes en el marco del conflicto armado, entre ellos desplazamiento forzado, afectaciones por minas antipersonal, munición sin explotar, artefactos explosivos improvisados y lesiones personales físicas. Según el documento, con corte al 30 de septiembre de 2025, en Bogotá se registraban 1.816 víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública.
Este ejercicio cobra especial relevancia en el marco de la Ley 2421 de 2024, que introdujo ajustes a la Ley de Víctimas y reconoció la necesidad de avanzar en un programa especial y diferencial para quienes pertenecieron o pertenecen a la Fuerza Pública y han sido víctimas del conflicto armado. El informe señala que dicha reglamentación aún no se ha oficializado, por lo que estas recomendaciones buscan ser un insumo para que el Gobierno Nacional las estudie e incorpore en el proceso de actualización de la política pública.
Las recomendaciones fueron construidas alrededor de cuatro componentes centrales: prevención, protección y no estigmatización; atención, asistencia y rehabilitación; educación y estabilización socioeconómica; y memoria histórica y justicia. Estos ejes responden a barreras identificadas por las organizaciones, entre ellas la falta de enfoque diferencial, la persistencia de imaginarios estigmatizantes, las dificultades de acceso a salud física y mental, la ausencia de acompañamiento psicosocial especializado, los obstáculos educativos y laborales, y la necesidad de una reparación simbólica que reconozca la dignidad de esta población.
Uno de los puntos más importantes del informe es el llamado a superar la estigmatización. Las organizaciones advierten que aún persiste un imaginario social que asocia a la Fuerza Pública únicamente con el rol de perpetradores, negando o minimizando su condición de víctimas. Por ello, se propone eliminar lenguajes discriminatorios, fortalecer pedagogías de desestigmatización y garantizar una representación efectiva de esta población en los espacios de participación de víctimas.
En materia de salud y rehabilitación, el documento plantea la necesidad de definir rutas claras de atención psicosocial y salud integral, con responsabilidades institucionales precisas entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, la Unidad para las Víctimas y otras entidades competentes. También propone mecanismos como una mesa técnica de salud para miembros de la Fuerza Pública víctimas, sistemas de información articulados, atención a cuidadores y estrategias móviles o remotas para llegar a quienes enfrentan barreras territoriales o de movilidad.
En educación, empleabilidad y emprendimiento, el informe hace un llamado a reconocer las capacidades adquiridas durante el servicio militar o policial, abrir rutas de formación con enfoque diferencial, fortalecer la inclusión laboral, promover emprendimientos sostenibles y crear mecanismos de apoyo económico para veteranos víctimas y sus familias. Entre las recomendaciones se incluyen líneas de investigación académica, microcredenciales, becas, formación para el trabajo, capital semilla, líneas de crédito diferenciales y el sello “Productos de Veteranos Víctimas”.
Para la Corporación milvictimas, este acto representa un avance importante en la visibilización de una población que ha pedido ser escuchada desde su dignidad, su historia y sus necesidades reales. La participación de las organizaciones no solo fortalece la interlocución con la institucionalidad, sino que también reafirma que la construcción de política pública debe partir de las voces de quienes han vivido directamente los impactos del conflicto armado.
