La decisión, adoptada en el marco del Caso 10, documenta asesinatos de policías fuera de combate, afectaciones por minas antipersonal y persecución contra familiares de uniformados.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve exintegrantes del antiguo Comando Conjunto Central de las Farc-EP por hechos ocurridos en Tolima, Huila y Quindío.
Entre los casos documentados se encuentra el asesinato de 13 policías en Roncesvalles (2000), después de haberse rendido, y el de un soldado que perdió la visión y parte de su audición por una mina antipersonal en Aipe (2011).
La decisión también reconoce afectaciones contra familiares de militares y policías, quienes fueron víctimas de amenazas, persecución y desplazamiento forzado.
¿Qué sigue para las víctimas?
Las víctimas podrán presentar observaciones y solicitar aclaraciones dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación. Por su parte, los imputados deberán pronunciarse sobre su responsabilidad. La imputación no constituye una condena.
Desde la Corporación MilVíctimas destacamos la importancia de avanzar en el esclarecimiento de estos hechos y reiteramos que el reconocimiento debe traducirse en garantías de participación, justicia y reparación integral para los miembros de la Fuerza Pública víctimas y sus familias.
La verdad debe reconocer a todas las víctimas. La justicia debe garantizar sus derechos.
