*La Corporación MilVíctimas reclama que este hecho sea reconocido como una grave infracción al DIH y una violación flagrante a los Derechos Humanos de la comunidad estudiantil.
Pese a los precedentes del fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz que consideró a los centros académicos, la Escuela Superior de Guerra y la Universidad Militar Nueva Granada , como blancos legítimos de guerra en el marco del conflicto armado; la Corporación MilVíctimas, como ampliación a su informe: Dolor, Superación y Gloria, historias silenciosas de una vida una guerra no escuchada”, presentó ante el tribunal de paz un documento, que recoge relatos y evidencias de como civiles y militares fueron afectados de manera física y psicosocial, en un ataque indiscriminado y desproporcionado, a través del empleo de un arma trampa, que a la luz del Derecho Internacional, puso en riesgo a personal civil, que no participaba directamente en medio de las hostilidades.
El ataque perpetrado por las extintas FARC el 19 de octubre del 2006, violó los principios de distinción, precaución y proporcionalidad. El uso de métodos y medios ilícitos de guerra, tiene como característica el uso de armas que no distinguen o cuyos efectos son indiscriminados. En este caso es evidente que el uso de un carro bomba, no podía asegurar que estuviera dirigido a un objetivo militar concreto, en lo que pudo afectar a personas no militares, estudiantes y bienes civiles. Asimismo, se emplean métodos y medios que de ninguna manera pueden emplearse, inclusive en contra de un objetivo militar concreto, por la imposibilidad de determinar sus efectos y por el dolor y sufrimiento incensario que provocan.
De otro lado, vale la pena destacar que el artefacto explosivo afectó en buena medida a la Universidad Militar Nueva Granada, un centro académico que imparte educación a civiles, generando miedo, pánico, zozobra y terror en ellos, como en la comunidad alrededor de la Escuela.
El reconocimiento de las victimas
15 años después del atentado, civiles y militares han sido revictimizados, los primeros porque se les ha desconocido su calidad y protección, aun cuando fueron atacados a través de medios y métodos prohibidos en las hostilidades y los segundos porque se les ha restringido de manera arbitraria, recibir justicia con la proporcionalidad de la pena que en este caso fue una amnistía, con lo cual existe una regresividad en los derechos humanos de los dos grupos de víctimas.
La sociedad, el Estado y lo mecanismos que componen el Sistema Integral, deben unirse en torno al rechazo contundente al uso de métodos y medios de guerra ilícitos. Civiles y militares víctimas del uso de artefactos explosivos en su mayoría no solo deben afrontar las secuelas físicas y psicológicas de los hechos, sino además enfrentar su no reconocimiento como victimas ante la Ley.
Al respecto las víctimas reclaman reconocimiento, “Yo creo que las victimas no son solo los civiles, porque entendí que solo ellos podían ser recocidos como víctimas del atentado, y uno como militar no entiende, si la misión que uno estaba cumpliendo era ajena a que pusieran un carro bomba, es importante que seamos reconocidos porque uno también es humano, uno también tiene afectaciones como puede tener cualquier civil”. Sargento Mayor retirado, Hernán Rodríguez.
“El fallo del 2020 de la JEP, los militares que participamos nos quitaron el reconocimiento de victimas para nosotros eso es absolutamente grave no solamente es desconocer la condición de ser humano de las personas que resultamos heridas sino es también desconocer que un no combatiente como éramos nosotros, estábamos en condición de alumnos, estudiando, que no teníamos ningún tipo de armamento se nos desconozca” esa condición de victimas y empecemos a ser vistos como su fuéramos ciudadanos de segunda clase” Coronel (R) Armando Pintor.
Diana Marcela Becerra estudiante víctima del atentado también reclama justicia por los hechos: “A final lo que uno siembre busca es que se haga justicia que se reconozca que no fue una simple acción premeditada, sino que tenía unas intenciones más allá y que a uno le digan la verdad de porque pusieron una bomba en la universidad”.
La Corporación MILVICTIMAS insiste en el llamado por el reconocimiento de las personas militares como víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos; su dignificación es un paso pendiente en el camino de la paz, la reconciliación, reparación integral, y no repetición, para la construcción de tejido social en Colombia.
