En el marco de la celebración del día internacional de sensibilización en contra de las minas antipersona, la Corporación MilVíctimas manifiesta su preocupación por el persistente uso de métodos y medios de guerra ilícitos como política de los grupos armados organizados al margen de ley, que continúa dejando víctimas en todo el país, especialmente a personas pertenecientes a la Fuerza Pública, al mismo tiempo que celebra la apertura del macro caso 10 en la Jurisdicción Especial para la Paz que abordara estos crímenes cometidos por las extintas Farc.
Colombianos siguen siendo victimas
La flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario ha sido un hecho recurrente, que se evidencia en las 11 mil víctimas que ha dejado el fenómeno en las últimas tres décadas, siendo los grupos armados organizados los máximos responsables de esta reprochable practica en las dinámicas del conflicto. La población civil se configura en otro objetivo dentro de su política, en una grave violación a los Derechos Humanos por parte de estos grupos.
Tan solo en lo corrido del 2023, 41 personas del la Fuerza Pública han resultado afectadas con el empleo de métodos y medios de guerra ilícitos, 12 de ellas asesinadas en los hechos, siendo Norte de Santander el departamento con mayores casos de accidentes seguido por Arauca en el oriente colombiano.
Los artefactos explosivos improvisados y las minas antipersona, continúan siendo una amenaza persiste en Colombia, en lo que va del 2023, ingenieros militares han logrado destruir en todo el territorio nacional 3.392 artefactos, siendo el Meta, el departamento con mayor número de armas indiscriminadas halladas.
Con estas acciones, las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan el Golfo infringen el principio de distinción, base del DIH, así como también el principio de limitación, utilizando métodos y medios que no son permitidos por el Derecho de la Haya.
Víctimas de minas esperan ser acreditadas por la JEP en el Macrocaso N. 10
Recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz dio apertura del caso n. 10, que se enfoca en los crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc-EP en el marco del conflicto armado, dentro de estos hechos se encuentran las víctimas de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados, que suman más de 12 mil víctimas en Colombia, 7.829 personas afectadas pertenecientes a las Fuerzas Militares.
La apertura de este macro caso es una esperanza para las víctimas quienes durante años han sido excluidas del proceso de justicia transicional. Su acreditación en este caso es fundamental ya que contribuye a garantizar que los derechos de las víctimas de métodos y medios de guerra ilícitos sean protegidos y que puedan acceder a la reparación y la verdad.
Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para todas las victimas de minas antipersona
Para la Corporación MilVíctimas es importante que el proceso ante la justicia transicional sea percibido como justo y equitativo para todas las víctimas, independientemente de su origen o afiliación. Por lo tanto, es fundamental que la JEP reconozca a todas las víctimas del conflicto armado, civiles y personas militares y sus familias.
Dentro de las dificultades que mas presenta esta población se destacan el nivel de impunidad que tiene estos hechos relacionados con la utilización de minas antipersona, la identificación de una conexidad entre las víctimas afectadas por los métodos y medios ilícitos de guerra y el desplazamiento forzado; la persistencia de dificultades para el reconocimiento ante la UARIV de personas militares, policías y sus familias afectados por esta modalidad de violencia; y el desconocimiento generalizado en torno a los derechos que tienen las víctimas por su condición como tal, independiente de lo concerniente a las indemnizaciones propias del régimen especial de las Fuerzas Militares.
Desde la Corporación MilVíctimas hacemos un llamado a la sociedad colombiana, a las autoridades y al gobierno en el marco del día internacional de la sensibilización en contra de las minas antipersona, a reconocer a las víctimas de minas en Colombia, dando garantías a su la atención médica, rehabilitación, reparación y especialmente garantías de repetición para que no continúen presentándose estos terribles hechos.
