En la mañana de hoy, nuevamente sobre el puente de Puerto León que comunica al Corregimiento de Banco Arena con Cúcuta, el ELN instaló un cilindro bomba.
La comunidad en el departamento de Norte de Santander, continúa siendo acechada por el uso indiscriminado de artefactos explosivos prohibidos por el DIH. Hace una semana miembros del frente Juan Fernando Porras del ELN instalaron sobre el puente Puerto León un artefacto explosivo improvisado, que fue destruido por el soldados de la Brigada 30 del Ejército Nacional y hoy nuevamente amanece instalado sobre la estructura, un cilindro acondicionado con artefactos explosivos improvisados, con banderas alusivas al grupo criminal, generando temor y zozobra en la población civil y campesina que a diario transitan el importante puente que une el área rural de Banco Arena con Cúcuta, en una grave infracción al DIH y a los Derechos Humanos de las comunidades en la zona.
Habitualmente en la zona, estos artefactos explosivos improvisados son usados por a modo de señuelo, con la intención de atacar a las personas militares que en su labor de protección a la comunidad se desplazan al sitio para desactivar los explosivos, en muchos casos, mientras se realizan estas labores, son atacados con francotiradores o a través de campos minados preparados para ser activados al paso de las tropas en su transito al sitio señuelo.
La utilización de métodos y medios de guerra prohibidos por el DIH, ha sido una practica sistemática del ELN en la región, que vulnera los Derechos Humanos y afecta de manera indiscriminada y desproporcionada a civiles y personas militares en la región del Catatumbo.
Norte de Santander, el territorio de mayor vulneración al DDHH e infracciones al DIH
La región del Catatumbo al nororiente de Colombia, es actualmente la zona mayormente afectada por el empleo de métodos y medios de guerra ilícitos por parte de los grupos armados organizados. Tan solo en lo que va corrido de este año, 74 personas militares han resultado afectadas con el empleo de artefactos explosivos improvisados, siendo el área rural de Cúcuta el lugar que mayor riesgo representa para los uniformados con 46 victimas durante el 2021.
Asimismo, gracias a las operaciones militares adelantadas en la zona, se han logrado desactivar en lo corrido de este año 212 métodos y medios de guerra ilícitos, entre minas y medios de lanzamiento, los cuales habrían podido aumentar la cifra de víctimas en la región.
Los mayores responsables de estos hechos, se atributen al ELN con su Frente de Guerra Urbano, el Frente Juan Fernando Porras y el Frente Camilo Torres. Las disidencias de las FARC también han continuado con esta práctica ilícita, especialmente el frente 33 que delinque en la región.
De estos hechos lamentablemente podemos identificar, que la mayor afectación de esta modalidad de violencia la padecen personas militares inmersas en labores de erradicación de cultivos ilícitos, así como también, uniformados que adelantan operaciones de registro y control, siendo además muy recurrente el empleo de armas trampas, que a todas luces vulneran los derechos humanos de las personas militares.
Un flagelo que demanda acciones urgentes
Al día de hoy continúan aumentando las cifras de victimas en civiles, personas militares y policías, lo que demanda de manera urgente, el fortalecimiento de las medidas y acciones de tipo judicial, político y administrativo, que puedan abordar y erradicar este flagelo de manera definitiva.
La sociedad, el Estado y lo mecanismos que componen el Sistema Integral, deben unirse en torno al rechazo contundente al uso de métodos y medios de guerra ilícitos. Las personas militares víctimas del uso de artefactos explosivos en su mayoría no solo deben afrontar las secuelas físicas y psicológicas de los hechos, sino además enfrentar su no reconocimiento como víctimas ante los mecanismos.
La Corporación MILVICTIMAS insiste en el llamado por el reconocimiento de las personas militares como víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos; su dignificación es un paso pendiente en el camino de la paz, la reconciliación, reparación integral, y no repetición, para la construcción de tejido social en Colombia.
